Establece nuestra Constitución Nacional en su artículo 273 que el Poder Ciudadano se ejerce por el Consejo Moral Republicano, integrado entre otros por el Defensor o Defensora del Pueblo, quien debe gozar de plena independencia en el ejercicio de sus funciones.
Conforme con el contenido del artículo 281 de la Carta Magna, son atribuciones de este (a) funcionario(a), velar por el cumplimiento de la misma, especialmente en lo relativo a los derechos humanos y todo lo que tiene que ver con la defensa, el amparo y protección de los derechos e intereses legítimos, colectivos o difusos de las personas contra las arbitrariedades, desviaciones de poder y errores cometidos por entes de la administración pública.
En pocas palabras, le corresponde velar por la defensa integral de todos los ciudadanos sin excepción para que puedan tener una interacción exitosa en un ambiente de sana convivencia, de paz y de justicia social, donde el imperio de la ley tenga validez y puedan obtener una calidad de vida aceptable.
Actualmente, este cargo es ejercido por la ciudadana que lleva por nombre Gabriela Ramírez, quien con sus actuaciones públicas, notorias y comunicacionales ha demostrado que entre lo que debe hacer por mandato de la ley y lo que hace, existe una brecha gigantesca, más aún cuando no puede disimular y mucho menos ocultar que responde a una parcialidad política y obedece ciegamente las órdenes emitidas por el presidente de su partido.
Muchos son los casos graves en los cuales ni siquiera se ha pronunciado, tales como el triste deceso de Franklin Brito, colapso del suministro de la energía eléctrica, el agua para consumo humano con trazas de contaminación, los contenedores con alimentos en estado de putrefacción que arrojan hasta el presente pérdidas por más de seis mil millones de dólares, violación de los derechos humanos, utilización de niños menores de edad en actos proselitistas, crisis penitenciaria, vías de comunicación en precarias condiciones, la inseguridad total desde todo punto de vista, presos políticos y para usted de contar.
Pero si se ha destacado en ofrecer declaraciones, en emitir opiniones y en la defensa a ultranza de posiciones que favorecen a la gente de su partido, al régimen y a todos sus funcionarios.
En plena campaña electoral, se ha denunciado la participación directa y con ventaja de quien funge como presidente de la república, porque además de que no debe hacerlo, utiliza todos los medios y los espacios públicos propiedad de la nación para beneficio de su organización política, sin que ninguno de los integrantes de ese Poder Ciudadano haga el respectivo llamado al orden y al cumplimiento de las normas. Es más, la rectora principal del CNE genuflexa ante su caudillo le concedió la razón, asunto que fue convalidado por la "Defensora del Pueblo" cuando sentenció que: “todo el país escogió como protagonista de la campaña al Presidente”.
En primer lugar, eso de que todo el país lo escogió para ese fin es una vil patraña, falso de toda falsedad y no vale la pena discutirlo, sencillamente porque ya el país nacional en su conciencia colectiva ha internalizado que rechaza todo lo que significa el modelo comunista que quieren implantarnos definitivamente.
Esta situación es una muestra más de que en Venezuela sólo existe el poder del régimen, los demás son apenas unos organismos postrados, bajo la dirección de individuos ineficientes, adulantes y complacientes que en su ignorancia calculada, piensan que jamás rendirán cuenta por sus malas acciones y por sus omisiones.
Así es ella y los otros miembros del "Consejo Inmoral Republicano"
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